La dictadura de Nicaragua es disfuncional y el dilema del salario mínimo es la prueba

Por mucho que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, diga que Daniel Ortega gobierna en Nicaragua, la realidad le estalla en la cara a él, a la dictadura y a todo aquel que por la razón que sea todavía apoya a este régimen. Si hay dudas, ahí está el tema del salario mínimo que ya en unos días debe revisarse por ley en el país.

Gobernar no es, como creerían muchos en la cultura política de Nicaragua, "ejercer el poder". Esa frase está incompleta. Un gobierno en la sociedad moderna debe ejercer el poder para el bienestar y progreso de los habitantes de un país, y ese poder lo ejerce por delegación de los ciudadanos a los que debe respeto a sus derechos y a la ley en general.

Ahora bajemos de la teoría a la realidad. En el día a día se espera que el gobierno propicie las condiciones para que las personas puedan prosperar, construir su futuro y gozar de protección para sentirse seguros en sus actividades diarias o en la medida que trabajan para hacer realidad sus aspiraciones.

Pero en dictadura eso no es posible y por ende el gobierno se vuelve disfuncional. Acá cabe el ejemplo del salario mínimo. Por ley, en Nicaragua este se debe revisar cada seis meses. En marzo se revisó y la dictadura decidió no hacer aumento a ninguna de las nueve categorías de salarios mínimos de la economía que se consideran en esas revisiones. La décima categoría, zonas francas, tiene su propio arreglo.

La razón del gobierno para no aumentar, aceptada calladamente por sus sindicatos blancos fue que "no había condiciones". Ahora toca una nueva revisión y, en efecto, nadie en su sano juicio "ve condiciones".

¿Debe aumentar el salario mínimo?

La ley dice que el salario mínimo debe revisarse cada seis meses, este puede aumentar o no, porque hay argumentos económicos como el crecimiento de la economía y la inflación que se deben tomar en cuenta para esa decisión. O sea, la ley no dice que el salario mínimo debe aumentar cada seis meses.

Sin embargo, se supone que la función del gobierno es procurar que las condiciones se den para que haya crecimiento económico suficiente y que a la vez que se creen empleos la productividad debe también aumentar para que los ya existentes (y las empresas) puedan recibir mayores ingresos.

¿Pero qué ocurre cuando son las políticas represivas de la dictadura las que provocan una recesión económica que impide ese crecimiento? Simplemente el gobierno ya no está cumpliendo su función.

El asalariado sin duda necesita más ingresos, y las razones sobran:

• La Canasta Básica ya superó los 14 mil córdobas;
• Muchos productos de primera necesidad son ahora gravados con impuestos;
• El asalariado ha sufrido el aumento de las cotizaciones al Seguro Social;
• La tarifa de energía ha aumentado casi un 10 por ciento este año;
• Los aumentos en los combustibles son constantes;
• El salario mínimo vigente desde septiembre del año pasado va, desde el agropecuario: C$ 4,176 (más alimentación) hasta el de la construcción (actividad casi inexistente en la actualidad) que es de
  C$ 9,446.
• Hace un año el aumento fue de 5.20 por ciento, pero la inflación interanual a julio según el Banco Central era del 6 por ciento, o sea que el aumento de hace un año ya desapareció.

Sin embargo, "no hay condiciones" para mejorar el salario mínimo

En efecto, no hay condiciones porque el régimen ha roto el pacto social con la ciudadanía, ha violentado sus derechos y al cerrarse al escuchar las demandas de la gente ha provocado una recesión económica.

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Expresiones de esa recesión son las siguientes:

• Aunque el último informe publicado del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) es de febrero de 2019, ya para entonces el país llevaba 10 meses de caída económica, y ya entrando a septiembre la situación no ha mejorado;
• El gobierno ha implementado reformas fiscales muy fuertes que según algunos empresarios "se han comido las utilidades";
• A esto se le suma la draconiana reforma a la seguridad social que descargó un gran peso sobre las empresas;
• Los combustibles y la energía continúan en aumento:
• El Funides calcula que la caída de la economía este año rondará entre el 5.4 por ciento y el 6.8 por ciento.

Esos datos hacen imposible que se pueda considerar práctico un aumento del salario mínimo. Es cierto que la dictadura puede ordenar un aumento del salario mínimo, pero sin duda creará mayor desempleo, mayor informalidad y una mayor desaceleración económica.

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La dictadura se ha arrinconado ella sola en muchos aspectos y el dilema del salario mínimo lo deja claro. Si decide mantenerlo congelado no solo habrá borrado el último aumento de hace un año sino que en efecto habrá disminuido el salario de muchos trabajadores vía inflación; y si decide aumentarlo ─aunque sea para cubrir la inflación─ quebrará a muchas empresas y enviará al ya atestado sector informal a miles de nicaragüenses. Ortega y su régimen se han quedado sin respuestas.