El panorama para el sector agropecuario de Nicaragua –motor de la economía local– es muy oscuro. Por ejemplo, se han encarecido sus insumos para producir y se han elevado costos producción, el financiamiento es casi inexistente, el costo de la energía ha aumentado más y el mercado está deprimido. Algunos gremios de productores han llegado a afirmar incluso que “no habrá ciclo agrícola”.
¿Cómo afectaría al país el cumplimiento de ese presagio? Los efectos serían catastróficos. Analicemos las razones:
La principal amenaza que han denunciado los gremios de productores es la reforma fiscal 2019. Según han dicho, el ciclo agrícola que inicia en mayo está amenazado directamente por esta reforma y los productores exigen que sea derogada.
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La reforma eliminó exoneraciones sobre las compras locales e importaciones de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos a productores agropecuarios y de la micro y pequeña empresa industrial.
Por ello los productores pagarán impuestos sobre los insecticidas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, defoliantes, abonos, fertilizantes, semillas y productos de biotecnologías, lo que los encarece y –en el caso de los productores más pequeños– los hace inalcanzables, lo que incidiría en la calidad y rendimientos de sus cultivos.
“La Reforma Tributaria, al gravar con ISC y DAI los bienes, insumos, materia prima y bienes intermedios para la producción primaria de los bienes agrícolas elevarían el precio final de lo producido, lo que podría afectar la seguridad alimentaria, ya que tanto el productor como el intermediario tendrán que trasladar al precio el pago de esos impuestos”.
Análisis legal elaborado por el COSEP sobre la reforma Tributaria.
Es decir, que para producir una manzana de frijoles el pequeño productor tiene dos opciones: mermar el uso de fertilizantes para no incrementar sus costos, pero en vez de extraer 15 quintales por esa manzana sacará unos diez, elevando su costo unitario; o continuar usando los insumos para garantizar su rendimiento y trasladarlo al precio final. En cualquiera de los dos casos el consumidor lo sentirá en su bolsillo, afectando su capacidad de compra y golpeando –más– el ya deprimido mercado.
Al efecto de la reforma fiscal habría que sumarle el incremento en los costos producto de la Reforma INSS, que afecta a las empresas formales del sector agropecuario, las que principalmente se enfocan en exportar y que ahora estarían perdiendo competitividad ante los países vecinos.
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El segundo gran problema que enfrenta el sector agropecuario es la escasez de financiamiento. La cartera de créditos hacia el sector se ha reducido a todos los niveles:
Esta realidad no parece que vaya a resolverse pronto, mientras los depósitos en el Sistema Financiero Nacional continúen reduciéndose. El más reciente Informe de Coyuntura de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) refleja que desde abril 2018 hasta enero 2019 los depósitos han caído de forma sostenida, acumulando un retroceso de US$1,619 millones. Para mantener su liquidez y entregar esos depósitos sin inconvenientes, la banca ha restringido el crédito.
Un tercer punto en contra es el incremento de la energía eléctrica producto de la reforma energética que se puso en marcha desde febrero de 2018 y que en el agro afecta principalmente a quienes dan valor agregado a su producción mediante procesos de transformación. En tanto, a los productores que usan sistemas de riego para mejorar su productividad, el alza los golpeará ya que las probabilidades de sequía por El Niño, son mayores.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) difundió recientemente que “después de varios meses de coqueteo, el océano tropical del Pacífico y la atmósfera parecen haberse acoplado (...) y ahora cumplen con los criterios para las condiciones de El Niño”. Si esto se concreta, el agro podría estar en mayores aprietos.
El cóctel de todos los “golpes” descritos podría incluso poner en riesgo la seguridad alimentaria del país, al haber menor disponibilidad de productos básicos, o una disponibilidad selectiva, que aumentaría sustancialmente los precios. Y a ellos habría que sumar los altos niveles de desempleo y subempleo producto de la crisis. Más las nuevas pérdidas de empleo producto de las reformas.
“Con esta medida (reforma tributaria) el sector agropecuario va a perder entre 300 mil a 400 mil empleos, y nosotros representamos alrededor del 36 por ciento del empleo nacional. Por el otro lado, tenés los costos de producción y en el tema de los fertilizantes estamos hablando de un incremento del 18 por ciento y en agroquímicos un 30 por ciento, eso significa que la ficha de costo a los productores se les va a incrementar en promedio 20 por ciento”.
Michael Healy, presidente de UPANIC a medios de comunicación.
Aunque, hay voces más optimistas, tales como la del presidente de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo, Javier Pasquier, quien dijo a medios oficiales que el ciclo agrícola no está en riesgo.
Está por verse cuáles serán los efectos reales en el campo de los cambios recientes y los efectos acumulados durante los once meses de crisis socio política. Lo que sí es seguro es que si el sector agropecuario se ve afectado, el país entero sentirá los efectos.
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Buen artículo.