Medidas estatales amortiguarían efectos de la pandemia»
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Lucydalia Baca Castellón
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Hasta ahora no hay indicios de que el régimen de Ortega tenga interés de adoptar ningún tipo de medida. Y no es por falta de recursos
Mientras a nivel global crecen las advertencias sobre las secuelas sociales y económicas que dejará la pandemia del Covid-19 y algunos países comienzan a suavizar las restricciones, Nicaragua es el único país de la región centroamericana que sigue sin ejecutar un plan para enfrentar y superar la crisis generada por el coronavirus.
Además, es uno de los pocos en el mundo que no ha suspendido las clases en el sistema de educación pública. Tampoco promueve campañas oficiales para prevenir el contagio. Ni mecanismos de apoyo para las miles de familias, a las que la pérdida de sus fuentes de ingreso, las hundirá aún más en la pobreza. El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ha publicado en su sitio web, los informes de medidas implementadas en los países, para evitar el contagio y amortiguar los efectos provocados por la pandemia. Pero de Nicaragua no hay.
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El régimen Ortega-Murillo considera que Nicaragua no puede paralizar sus labores porque si lo hace, "se muere". Sin embargo, desde hace varias semanas gran parte de las actividades económicas están semiparalizadas y el país está aislado.
Esto ha sido provocado por el cierre de fronteras en los países vecinos, la suspensión del transporte aéreo, marítimo y terrestre de pasajeros, el cierre de algunas empresas por la ausencia de demanda de los productos que ofrecen, la modalidad del trabajo remoto impulsado por algunas empresas, la adopción del modelo virtual en los centros de enseñanza privados y la decisión de gran parte de la población de quedarse en casa para evitar el contagio.
Los esfuerzos privados no son suficientes
Pero esto no es suficiente. Según los especialistas, sin la intervención del Estado en la respuesta a la pandemia, el impacto de las medidas que se apliquen será menor.
“Varias de las iniciativas registradas (en Nicaragua) han sido efectuadas por el sector privado. Sin embargo, sin la participación del Gobierno los esfuerzos no son suficientes. Todo esto sitúa a Nicaragua en una posición susceptible a mayor contagio a medida que el virus se propaga”, explica la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en su Primer Informe de Coyuntura Económica 2020.
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Aunque la pandemia afecta la salud de las personas, las implicaciones económicas y sociales son muy fuertes. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las restricciones a la movilidad para evitar el contagio, provocarán la pérdida de unos 11.6 millones de empleos. Y en los hogares la pérdida de ingresos se traduce en incremento de la pobreza.
Funides proyecta que en el peor de los escenarios, por efecto de la pandemia, este año la pobreza general puede incrementarse hasta en 8.7 puntos porcentuales. Eso implica que pasaría de 28.2 por ciento a 36.9 por ciento. En términos absolutos eso significa que cerca de 2.3 millones de personas tendrán que suplir todas sus necesidad diarias con 1.76 dólares, que al cambio oficial son menos de 60 córdobas.
Sin medidas oficiales incremento puede ser mayor
El cálculo de la Cepal es más pesimista. Sin considerar el efecto de medidas para mitigar el impacto de la pandemia, la pobreza general podría elevarse hasta 52.7 por ciento. Es decir, afectaría a más de la mitad de los 6.4 millones de habitantes del país.
Tanto Funides como la Alianza Cívica han presentado propuestas de medidas que deberían implementarse. Estas comprenden restricciones a la movilidad para evitar el contagio, transferencias económicas para grupos vulnerables, moratorias para el pago de deudas, impuestos y servicios básicos, apoyo a las empresas para resguardar los empleos y readecuación del Presupuesto General de la República, entre otras.
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Sin embargo, hasta ahora no hay indicios de que el régimen de Ortega tenga interés de adoptar ningún tipo de medida. Y no es por falta de recursos, ya que según Funides, pese a sus limitaciones, el Presupuesto General de la República, tiene margen de maniobra. Además, se podría recurrir a los fondos de ayuda humanitaria que han ofrecido los organismos internacionales.
“El gobierno lo que ha dicho es que por la estructura productiva del país y los altos niveles de informalidad es difícil que las personas se queden en casa. Y para que se puedan quedar habría que implementarse políticas de transferencias, porque si no se les asegura la comida a las familias, tienen que salir a la calle a buscarla”.
Lyllian Huelva, economista de Funides
Redirigir fondos del Presupuesto
Para garantizar estas transferencias se necesitan recursos. Estos, según Huelva, podrían salir de la redistribución del gasto de capital financiado con recursos del Tesoro, contemplados en el Presupuesto General de la República.
También se podría acceder a préstamos extraordinarios, tal como lo han hechos la mayoría de los países vecinos. En los últimos años, como consecuencia de la violenta represión contra las demandas de la población en 2018, el país ha perdido acceso al financiamiento externo. Sin embargo, en este caso podría recibirlo.
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“Creo que al ser un tema de asistencia humanitaria hay algunos organismos a los que el país podría recurrir, para garantizar la seguridad alimentaria de la población y para resguardar el empleo“, dice Huelva.
Por el contexto externo y las consecuencias que la pandemia provocará en las exportaciones, remesas, turismo e Inversión Extranjera Directa (IED), la contracción de la economía es inevitable.
Medidas públicas amortiguarían contracción
Según cálculos de Funides en 2020, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) será de entre 6.5 y 13.7 por ciento. Pero si se aplican medidas de apoyo gubernamental para enfrentar la pandemia, la contracción podría ser menos severa.
Huelva insiste en que estas, deberían estar enfocadas principalmente el garantizar el empleo para evitar la reducción de los ingresos en los hogares. Con ello se frenaría el avance de la pobreza.
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Estás recomendaciones coinciden con la visión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michell Bachelet, quien ha advertido que “esta pandemia no será contenida por la política o las ideologías. O por un enfoque puramente económico”. Sino por la “formulación de políticas cuidadosas, sensibles y guiadas por la ciencia, y por un liderazgo responsable y humano”.
Respuestas quedarán en la historia
Para la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michell Bachelet, las decisiones que tomen los líderes políticos y todos los gobiernos para enfrentar la pandemia, definirán el lugar que ocuparan en la historia. “Dejar que la política o la economía impulsen la respuesta a expensas de la salud y los derechos humanos costará vidas. Y causará aún más daños, tanto a corto como a largo plazo... Además, no son sostenibles”, aseguró la funcionaria durante una conferencia de prensa virtual.
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