Concluido el quinto mes del año –en el que usualmente inicia el ciclo agrícola que culmina en abril del siguiente año– muy poco se sabe sobre la realidad de las perspectivas de la producción alimentaria.
El gobierno se limitó a difundir a través de sus medios, a inicios del mes, las expectativas triunfalistas en sus metas y llegó a pronosticar como “buen ciclo agrícola” a un período del que no se sabe qué efectos tendrán en el rendimiento de las cosechas medidas que el régimen tomó recientemente; medidas como la reforma tributaria, que encareció insumos elementales.
A través de sus medios, régimen sólo hizo referencia a la producción de arroz, frijol y maíz y por segundo año consecutivo atrasa la publicación del Plan de Producción, Consumo y Comercio, que generalmente para estas fechas ya era público, pero que en 2018 –a causa de la crisis– postergó hasta agosto y de cuyas cifras no se conoce nivel de cumplimiento.
Según los medios oficiales, estas son las expectativas de siembra. Por el volumen de las cifras divulgada pareciera que corresponden únicamente al subciclo de primera, aunque las publicaciones no lo aclaran:
En las publicaciones oficialistas no se mencionan dos importantes aspectos para determinar el éxito de un ciclo agrícola: los rendimientos de los cultivos y el financiamiento.
En el plan publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) el año pasado se veía un inexplicable incremento en la expectativa de productividad de cultivos relevantes como maíz blanco (que pasaba de 18 a 20 quintales por manzana) y frijol rojo (de 12 a 14 quintales por manzana); al mismo tiempo que reflejaba drásticas caídas en hortalizas como la chiltoma (que pasó de 500 a 400 quintales por manzana) o el tomate (caída de 730 a 650 quintales por manzana).
Sin embargo, la productividad de los cultivos de Nicaragua –ya de por sí bajísimos respecto a los estándares internacionales– se vería mermada este año por la reforma tributaria que eliminó exoneraciones sobre las compras locales e importaciones de materias primas, entre muchos otros cambios.
Esto significa que los productores ahora pagan impuestos sobre los insecticidas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, defoliantes, abonos, fertilizantes, semillas y productos de biotecnologías, lo que impacta directamente en la calidad y rendimientos de los cultivos; pero hasta la fecha no se ha determinado de cuánto será ese impacto con exactitud.
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El financiamiento ya de por sí era mucho menor a la demanda real del sector, por estar concentrada gran parte de la producción en pequeños productores que no son sujetos de crédito de la banca ni de microfinancieras. Pero ahora la parte que sí se lograba cubrir, podría reducirse a la mitad.
La Cámara de Microfinanzas indica que tienen proyectado que para el ciclo agropecuario 2019 que los desembolsos sean de alrededor de 52 millones de dólares, un 43 por ciento menos que lo destinado en 2017, previo a la crisis socioeconómica que aún enfrenta el país.
En 2018 los desembolsos alcanzaron 89.9 millones de dólares. Según Asomif la caída respecto a 2017 no fue tan drástica debido a que gran parte de las colocaciones ya se habían dado cuando estalló la crisis.
Sin embargo, el nivel de riesgo de la cartera agrícola en el sector financiero no bancario es alto. Algunas instituciones que concentran gran parte de su cartera en ese sector tienen hasta más de 20 por ciento de su cartera agrícola vencida o en cobro judicial. Aquí se puede ver el detalle.
Respecto al sector bancario, consultamos a entidades con mayor participación en el crédito agrícola y pecuario y la estimación es que la colocación de créditos hacia ese sector caiga un 50 por ciento.
Ante este panorama, con menos crédito e insumos más caros, queda en duda el cumplimiento de las proyecciones optimistas del gobierno que solo ha presentado a medias pues a la fecha no ha ha hecho públicos los resultados del ciclo anterior.
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