Aunque cada año en el mundo se pierden más de 1,300 millones de toneladas de alimentos, a finales del año pasado, por diversas razones, 135 millones de personas de 55 países sufrían hambre extrema. O lo que técnicamente se llama inseguridad alimentaria severa. 3.2 millones de ellos son nuestros vecinos. Viven en los cuatro países que integran el Corredor Seco centroamericano: Nicaragua, Honduras El Salvador y Guatemala. Y en el caso de ellos, pasan hambre por la sequía.
Lo más grave es que este año esas cifras pueden duplicarse. Como consecuencias de las falta de acciones de muchos países para enfrentar el impacto económico de la pandemia del Covid-19. Para evitarlo es urgente promover medidas que garanticen la producción de alimentos y el funcionamiento de la cadena de suministro de estos.
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“No sólo nos enfrentamos a una pandemia de salud mundial, sino también a una catástrofe humanitaria mundial. Todavía no hay hambrunas, pero debo advertirles que si no nos preparamos ahora mismo para asegurar el acceso, evitar la falta de financiación y las interrupciones, podríamos enfrentarnos a múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses”,
David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Curiosamente la mayoría de nicaragüenses y resto de centroamericanos que enfrentan inseguridad alimentaria, vive en zonas rurales. Y se dedican a actividades agropecuarias, principalmente agricultura de subsistencia. Por lo que depende en gran medida de las condiciones climáticas, para producir los alimentos para su consumo.
Históricamente Nicaragua ha sido un país extremadamente vulnerable a diversos riesgos ambientales y socioeconómicos, que provocan consecuencias directas en los sistemas alimentarios. Entre 1998 y 2017, ocupó el sexto lugar en la lista de países más afectados por eventos climáticos extremos, según el Índice de Riesgo Climático Global a largo plazo.
A esta vulnerabilidad hay que sumarle las consecuencias del cambio climático. En los últimos años esto ha provocado una constante disminución del rendimiento de los cultivos y la degradación de los suelos y otros recursos. Todo esto ya impactaba negativamente en los sistemas alimentarios, detalla un análisis de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
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A esto hay que sumarle que en el contexto de la Covid-19 es muy probable que surjan nuevos retos para la producción de alimentos. Estos, según Funides, repercutirán en un incremento directo del hambre y la pobreza.
Esto se concretaría, a través de la disrupción de la cadena de distribución de alimentos, que está conformada por una compleja red de interacciones. En ella participan productores, campesinos, insumos, agroindustrias de transformación, almacenamiento, transporte, comercialización y consumidores.
Además, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), confirmó que el precio de los alimentos perecederos (frutas y hortalizas) empezó a disminuir en las últimas semanas.
La merma en los precios es atribuida a la poca demanda que ha provocado la cuarentena voluntaria que está implementado gran parte de la población. Y en el mediano y largo plazo, puede provocar pérdidas considerables de productos perecederos, ya que la capacidad de almacenamiento, transformación y agregación de valor que existe en el país es muy deficiente.
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A la reducción de la productividad por efecto del cambio climático, se había sumado la recesión económica que enfrenta la economía por tercer año consecutivo. Y ahora se agregan los efectos de las restricciones de movilidad, producto de las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia. Todos ello pone en riesgo los medios de vida y las actividades productivas. Pero también los ingresos de campesinos, productores y consumidores.
“En un país dependiente del sector agroalimentario como Nicaragua, la combinación de estos riesgos puede tener consecuencias desproporcionadamente duras en los grupos más vulnerables. Especialmente, porque el 85 por ciento de la producción de alimentos del país, está en manos de pequeños y medianos productores, de recursos y condiciones limitadas”.
Análisis de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides)
El centro de pensamiento considera que ante estos riesgos y de cara al inicio del ciclo agrícola 2020-2021, es necesario revalorizar y adoptar medidas urgentes. Estas deben proteger y mantener el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos.
Algunas de las acciones que Funides recomienda que se prioricen en los próximos meses, beneficiarían tanto a los productores como a consumidores; ya que garantizarían el suministro, acceso y disponibilidad de los alimentos. Estas acciones son:
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Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), recomienda que se establezcan cuatro prioridades. Estas son:
Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), a medida que los retos para la seguridad alimentaria aumentan y cruzan fronteras, se deben redoblar esfuerzos para reducir la vulnerabilidad en todas sus dimensiones y fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios. Para lograrlo, se requieren acciones coherentes y eficaces, que tomen en cuenta los aspectos socioeconómicos y también los ambientales. Y que durante la pandemia, permitan dar un acompañamiento crítico que asegure el buen funcionamiento del sistema alimentario, las actividades productivas y el comercio.
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Con la pandemia en pleno desarrollo, he tenido la oportundiad de hablar con familiares que viven en la zona rural del occidente de Nicaragua, y he escuchado las impresiones de personas que piensan, que ante una eventual crisis alimentaria en Nicaragua, quienes padecerán el mayor embate ante la falta de alimentos, seremos los nicaraguenses que vivimos en las ciudades más grandes (Managua y el resto de las cabeceras departamentales). Creo que el campesino mismo, será el primero en padecer hambre ante una posible crisis alimentaria a gran escala. Como lo describen en el artículo, la cadena de suministros de alimentos y la de insumos (para la producción de alimentos), es muy compleja, por consiguiente la población rural no tendrá acceso a muchos de los alimentos que forman parte de la canasta básica. La cadena de suministros priorizaría, a la población urbana, principalmente Managua, el mayor mercado de consumo.