Como consecuencia de la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril del año pasado, muchos deudores enfrentan dificultades para honrar sus compromisos y como consecuencia, en los sitios web de los bancos, financieras y microfinancieras crece diariamente la oferta de todo tipo de bienes: casas, vehículos, maquinaria, fincas, terrenos y hasta obras de arte que se habían puesto en garantía y ante la falta de pago han pasado a las entidades.
Muchos se quejan de la “insensibilidad de los bancos”. Otros han sugerido que debido al contexto, organizaciones como la Alianza Cívica o partidos políticos deberían interceder ante las instituciones, para evitar que se sigan quitando bienes a los deudores.
Sin embargo, especialistas en el tema aseguran que el embargo de los bienes puestos en garantía, es la última opción de la entidad pues le causa pérdidas. Los especialistas sugieren que el Estado, a través de una normativa mucho más amplia que la emitida el año pasado en plena crisis facilite los acuerdos de pago.
Los bancos y financieras no pueden flexibilizar por sí solos las condiciones de los préstamos. Es más, si las instituciones alcanzan niveles de mora por encima de lo establecidos en las normas, o aprueban arreglos o nuevas condiciones de pago sin autorización, pueden ser multadas por la Superintendencia de Banco y Otras Instituciones Financieras (Siboif).
Tras el estallido social de abril del año pasado la Siboif emitió una normativa que permitía reestructurar o prorrogar los créditos de los deudores que pudieran demostrar que debido a la crisis tenían dificultades para honrar sus compromisos con los bancos y financieras. La Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami) también estableció condiciones similares para los clientes de las microfinancieras.
Pero el plazo para establecer estas condiciones especiales venció en diciembre pasado, y ya la crisis llega a los 19 meses; mientras en el transcurso de este año la mora ha seguido creciendo, tanto en el sector bancario como el de las microfinanzas.
Las instituciones por su parte intentan frenar el crecimiento de la mora para evitar cobros judiciales y recuperación de bienes que les hacen incurrir en gastos adicionales e incluso pérdidas, aseguran los especialistas.
“El problema es que pasados seis meses en los que el cliente ha dejado de pagar, el banco o la financiera tienen que pasar a la recuperación de la garantía porque ya no tiene otra posibilidad de recuperar el financiamiento otorgado”, señala un auditor bancario que pide no revelar su identidad.
“Para ningún banco ni microfinanciera es negocio tener diez casas o veinte fincas adjudicadas porque ese no es el giro de sus negocios. Sin embargo, si dentro de unos años la economía se recupera y regresa la inversión, seguramente podrán vender todas esas propiedades incluso a precios mayores que los actuales”.
Según el auditor, debido a la crisis que enfrenta el país, a los bancos que se están adjudicando bienes les está costando mucho venderlos y eso les conlleva gastos adicionales de mantenimiento y en muchos casos obliga a las instituciones a realizar actividades de venta y alquiler de bienes que no son propias de su actividad.
“Aunque la garantía siempre vale más que el crédito el banco en ese aspecto no va a perder, sin embargo, pierde desde el punto de vista de no poder recuperar el efectivo que entregó y a eso hay que sumarle los costos legales de la transacción y de mantenimiento de los bienes mientras logra colocarlos”, explica el auditor.
Según los especialistas, en el actual contexto de la crisis, entre más bienes se adjudica una institución financiera más gastos de mantenimiento le generan, y tendrá que esperar que la economía se recupere para poder vender.
“Aunque la normativa de alivio financiero venció en diciembre, los bancos han mantenido su política de reestructuración de créditos y arreglos de pago, para evitar tener una mayor cartera morosa; para la banca es más fácil reestructurar un crédito que ir a quitarle las cosas a la gente porque eso para ellos también tiene un costo”
Auditor que solicitó el anonimato
“La crisis es tan grave que aún haciendo todos los arreglos de pago y las reestructuraciones que se han hecho, la mora y la cartera en riesgo (mora superior a seis meses) siguen aumentando. En la medida en que estos indicadores crecen, la posibilidad de que las instituciones otorguen nuevos financiamientos se desvanece y con ella la oportunidad de que la economía se reactive, ya que sin crédito es imposible reactivar la economía”, advierte el auditor.
Juan Carlos López, miembro de la defensoría del consumidor, considera que más allá del problema social que implica la pérdida de bienes para los deudores, los bancos no están administrando adecuadamente los trámites de recuperación de cartera y eso ha provocado que muchos clientes pierdan el interés de acercarse a las instituciones en busca de arreglos.
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Al no existir una nueva normativa de alivio financiero la única salida que les queda a los clientes es acercarse a las entidades en busca de un arreglo, antes de que la mora llegue a niveles en los que no se pueda renegociar o reestructurar la deuda.
El auditor consultado recomienda a los deudores en peligro de caer en mora o quienes ya están en mora, que se acerquen a la institución.
“Si buscan ayuda los bancos se las van a dar no porque sean caritativos sino porque ellos los que les interesa es recuperar su capital. Pero si llegan después de varios meses de estar en mora difícilmente van a lograr un arreglo”, asegura.
López, de la defensoría del consumidor, añade que debido a las disposiciones legales, las instituciones tienen que administrar muy bien su mora para evitar problemas que les puede provocar incluso la imposición de multas por parte de los entes reguladores.
“Recordá que cuando hay reestructuraciones o hay cambios en los contratos iniciales tiene que solicitar el permiso a la Siboif para hacerlos y si no les dan el permiso tienen que negar el trámite al usuario para no exponerse a que les impongan una multa si lo hacen sin la autorización de ellos”, dice López.
Otro problema es que en la medida en que se agudice y se alargue la crisis el precio de las bienes raíces y otros bienes adjudicados, como maquinaria y vehículos bajan de precio y hacen aún más difícil que los bancos o financieras recuperen los montos con la venta de los bienes adjudicados.
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López considera que si la mora alcanza mayores niveles, como mínimo encarecerá más el crédito, afectando a toda la economía, ya que la reactivación de esta depende en gran medida del financiamiento.
Según López cambiar las reglas o establecer nuevas condiciones para los deudores depende de la autorización de la Siboif que no ha mostrado interés en hacerlo, pero quizás sin los bancos unifican criterios y presentan una propuesta conjunta, podrían obtener un nuevo marco legal que les permita flexibilizar las condiciones de pago a sus clientes.
“Aunque el gobierno ya no tenga acercamiento con las cámaras empresariales creo que si los banco se juntan y le proponen una normativa que permita aliviar la crisis de la mora es posible que se los autoricen, pero ese tipo de temas se tiene que consensuar entre todos los bancos y las autoridades para aliviar un poco la situación de los afectados”, señala López.
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