Una vez más el régimen Ortega-Murillo antepuso los intereses de la distribuidora del servicio de energía eléctrica –de la que es socio–, por encima de los de la población. Para ayudar a reducir los altos niveles de mora de la empresa, solicitó una reforma a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, que mediante un trámite sencillo deja expuestos a embargos judiciales, a los consumidores de más de 300 kilovatios hora.
Aunque diputados oficialistas aseguran que el objetivo de la iniciativa es obligar a las grandes empresas a pagar por la energía que consumen, representantes del sector privado confirmaron que en el rango superior a los 300 kilovatios hora, también hay clientes del sector residencial y de la micro, pequeña y mediana empresa.
En el país ya existía una ley contra el robo de energía, pero la propuesta de reforma refuerza el concepto de robo de energía y establece los mecanismos para combatir la mala cobranza de la empresa distribuidora, a través del embargo de bienes del cliente moroso.
“Para facilitarle la vida a la distribuidora, sin necesidad de ir donde un juez a demostrar que el consumidor tiene una deuda, con solo que un notario lo certifique, podrá embargar los bienes del cliente ahorrándose el trámite del juez… Esto deja a los usuarios del servicio eléctrico como si fueran deudores de un banco, cuando son dos situaciones distintas. Seguramente en algún momento nos harán firmar un contrato como hacen los bancos”,
Fernando Bárcenas, ingeniero eléctrico
Debido a la centralización de la toma de decisiones y la falta de independencia que caracteriza a los poderes del Estado en Nicaragua, muchos consideran que esta es una medida “política” para garantizar los intereses de la distribuidora y del propio régimen, que tiene acciones en dicha empresa.
“Sí puede calificarse como una decisión política porque da un arma para que a mí, con un notario me digan: 'usted tiene deuda y vamos a embargarle su casa'; y mientras trato de demostrar que la deuda no existe, mi capacidad de defensa queda en el aire, porque el Estado tiene bajo su control a todas las instituciones. La falta de pesos y contrapesos deja en la indefensión a los consumidores”, explica Bárcenas.
Para Juan Carlos López, miembro de la defensoría del consumidor, más allá de lo que haya motivado esta reforma el problema es que el usuario enfrenta demasiada desigualdad social, jurídica y económica; y esto provoca que si se quiere llevar un proceso ante Disnorte o Dissur posiblemente terminará viciado, porque mediante resoluciones le han reducido la capacidad de reclamo de los clientes, que en el país son atendidos casi en su totalidad por esta empresa.
El problema según Bárcenas es que aunque la reforma a la Ley 554 establezca que solo podrán embargar los bienes de usuarios de más de 300 kilovatios hora, en cualquier momento pueden cambiar suspender ese rango de consumo y aplicar esa disposición a todos los usuarios.
De hecho, la iniciativa de reforma enviada a la Asamblea Nacional por el Ejecutivo no establecía dicho rango. Fue durante el proceso de consulta que los diputados de la Comisión de Infraestructura lo introdujeron.
Además, el ente regulador, que es el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) no ejecuta su trabajo como debería, no cumple con las normativas de verificación, para cumplir la vía administrativa.
“Y si el cliente trata de agotar la vía judicial interponiendo un recurso de amparo o una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, eso nunca prospera, no pasa absolutamente nada, nunca te resuelven y mientras no te resuelven el usuario tiene que pagar las facturas para evitar que le corten el servicio. Por tanto el cliente queda en una relación desigual”, explica López.
Según Bárcenas las pérdidas de la distribuidora, entre comerciales (por robo de energía) y técnicas (por deficiencias en la red de distribución y poca rentabilidad en el sector rural) son superiores al 20 por ciento de la energía generada.
López asegura que actualmente las pérdidas generales de la distribuidora rondan el 30 por ciento, por lo que sus finanzas enfrentan una situación crítica, ya que ella debe pagar a las generadoras por la energía que le venden.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), confirma que en 2017 las pérdidas de energía eléctrica en los países de la región (Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana), seguían en niveles muy altos, por el orden del 21 por ciento.
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De acuerdo a cálculos de la Cepal, si se valora en 8 centavos de dólar el kilovatio hora y las pérdidas se reducen al 12 por ciento, las empresas de estos países región (Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana), podrían incrementar su recaudación en 650 millones de dólares anuales.
Los especialistas consideran que la crisis sociopolítica que enfrenta el país pudo impulsar la aprobación de la reforma, ya que el porcentaje de pérdidas puede incrementarse.
“La recesión y el desempleo tienden a aumentar el robo, porque si hay cuatrocientas mil personas o más que se han ido al desempleo y lo que se mira hacia adelante es que van a ir más, la gente se las va a ingeniar para abastecerse de la energía de una u otra forma, entonces el robo tiende a aumentar”, asegura Bárcenas.
La diputada sandinista Jenny Martínez, que dirige dicha comisión argumentó que el objetivo de la reforma es obligar a las grandes empresas, que representan el 4 por ciento del total de los usuarios, a que paguen la energía que consumen.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) respondió que la afirmación de Martínez era una falacia, ya que las grandes empresas se caracterizan por ser formales y pagadoras.
Incluso, el presidente del Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) Leonardo Torres, pese a ser aliado del régimen, advirtió que en el rango de usuarios superior a 300 kilovatios hora, hay pequeñas y medianas empresas que serán afectadas, por lo que solicitó que dicho rango se eleve hasta 400 kilovatios hora.
Desde su llegada al país en 2013 se dijo que consorcio español TMI (integrado por las empresas TSK y Melfosur) venía bajo el amparo de Alba de Nicaragua (Albanisa), empresa creada con recursos de la cooperación petrolera venezolana. Además, en dicha transacción el Gobierno se reservó el 16 por ciento de las acciones de la distribuidora.
Y la reciente reforma a la Ley 554 no es el único “favor” que el régimen Ortega-Murillo le ha hecho al consorcio español TMI. En 2013, tras adquirir Disnorte y Dissur le perdonó cerca de 200 millones de córdobas que debió pagar en concepto de impuesto por la compra de la distribuidora.
Además, promovió un paquete de reformas a varias leyes: la 272 de la Industria Eléctrica, la 554 de Estabilidad Energética, la 661 de Distribución y uso responsables de la energía eléctrica y el Código Penal. Con dichas reformas se le otorgó a la distribuidora el poder de amenazar con cárcel a quienes alteren los medidores o se conecten de forma ilegal al servicio de electricidad.
En estos años también le ha permitido que cobre una de las tarifas más altas de la región. Según el estudio de la Cepal, en 2017 los precios promedio al consumidor final fueron (centavos de dólar por kilovatio hora):
Pese a que ha cobrado la segunda tarifa promedio más alta de la región, en otra muestra de apoyo a la ineficiencia de la distribuidora, en el transcurso de este año el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) ha aplicado varios incrementos a la tarifa, aprovechando la actualización mensual de los pliegos tarifario con respecto al deslizamiento del córdoba y la variación del precio de los combustibles.
Según varios economistas, dichos incrementos representan treinta veces el deslizamiento que ha registrado el córdoba frente al dólar y están muy por encima de los ajustes que han registrado los precios de los combustibles.
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