El 27 de julio del 2020, se cumplen dos años del aberrante, injustificable e ilegal despido que sufrimos el primer grupo de médicos en Nicaragua. Decisión relacionada con el contexto de las protestas que sucedieron desde abril del 2018. El despido fue firmado por la doctora Judith Lejarza, directora del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA). Ella recién estrenada en el hospital, por cosas de la vida, se dirigía a mí con la respetuosa palabra: maestro.
Nuestros "pecados" fueron:
Esos definitivamente fueron los motivos políticos verdaderos por los que el régimen nos envió las cartas de despido. Que no mencionaban siquiera la causa para realizarlos y violentaba abiertamente el convenio colectivo y los procesos administrativos establecidos.
Ningún juicio, ninguna comisión bipartita o tripartita, ningún llamado de atención. Nada, absolutamente nada, ni siquiera el invento de una causa disciplinaria fue realizado o señalado contra ninguno del primer grupo de médicos despedidos.
Ninguno de nosotros solicitó indemnización alguna. Puesto que haberlo hecho, hubiese significado la aceptación de la flagrante violación del principio de legalidad cometido en contra nuestra.
Un funcionario joven del Ministerio del Trabajo de León, que atisbó a vernos con ojos de solidaridad y respeto, y que recibió nuestras cartas sobre el ilegal despido, corrió la misma suerte un día después. Lo reprimieron y expulsaron de su trabajo. Por el único delito de recibir nuestra demanda colectiva. Una vez más, el molino del terror, cumplía la orden superior de mantenernos en el mayor grado de indefensión.
Recuerdo que 3 días después, Camilo Egaña de CNN en Español, me preguntaba si todavía conservaba mi trabajo como docente universitario. Le respondí que sí, con el temor de que un nuevo atropello volviese a suceder y efectivamente pasó.
Una carta de despido de la UNAN León, el 11 de septiembre del 2018, también violentó todo principio de legalidad. Estaba firmada por Francisco Valladares, secretario general, la doctora Flor Valle, rectora y por el doctor Jorge Alemán, quien me había expresado que si nos despedían, él renunciaría. Todos ellos sumisos y con "espinazos aduladores " al partido FSLN. Más los miembros del aberrante Consejo Universitario, que solo acatan las ordenes emanadas por el partido y votan en las elecciones con las mismas camisetas y el mismo lápiz, por aquello del control de todos sus votos.
La misión fue cumplida, pero la enorme injusticia comenzó a resonar en todo el mundo. Después de lo nuestro, centenares de médicos y del personal sanitario también han sido despedidos. Las cabezas de la ciencia han sido decapitadas, inclusive durante la pandemia. Lo que constituye un vergonzante récord mundial de represión para este pavoroso gobierno dictatorial.
El llanto de los pacientes que buscan a los médicos despedidos, es como un gran eco de dolor que solo los poderosos no escuchan.
El gobierno de Nicaragua usa como arma política la salud y la Universidad no conserva ya un atisbo de Autonomía. Y es, no más que un cuartel en donde la ciencia está plena y vulgarmente, subordinada a la política partidaria del Orteguismo.
Doctor Javier Pastora
Cuando hayamos agotado toda vía nacional utilizaremos la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Usaremos el derecho internacional para que la CIDH dé paso a nuestro caso en la Corte Interamericana de Justicia, que sí tiene decisiones vinculantes con el Estado de Nicaragua.
Le demostraremos al mundo que al gremio médico se le debe respetar, apreciar y promover, para permitirnos cumplir con nuestra clara misión de garantizar la salud a nuestra población. Tenemos la absoluta fe de que ese día llegará más temprano que tarde y que Dios guiará a Nicaragua en ese camino de justicia.
¡ A la libertad, por la Universidad!
*El autor es profesor titular universitario y médico subespecialista
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