Ni la prisión, ni las torturas pudieron doblegarlos. Los más de 700 presos políticos de Daniel Ortega siguen tan (o más) firmes como el primer día que se sumaron a las protestas que empezaron el 18 de abril de 2018. Hasta ahora ni uno ha callado los malos tratos y torturas vividas en los calabozos de El Chipote y en las cáceles ni han cedido a los chantajes y amenazas para “confesar” crímenes que nunca cometieron. Esto los engrandece ante los nicaragüenses. Y esto le pudre a Ortega.
Algunos presos políticos han sido víctimas de los tratos más crueles e inhumanos dentro de las cárceles. Elsa Valle sufrió un aborto producto de las golpizas que recibió en la cárcel de mujeres, Dilon Zeldón perdió la audición en uno de sus oídos, tres casi mueren intoxicados con fármacos y Eddy Montes fue asesinado dentro de la cárcel La Modelo. A pesar de todo esto, a ningún preso político que ha sido excarcelado le ha temblado la voz para decir que “seguirán en la lucha”.
A pesar de las amenazas bajo las que han sido excarcelados, los presos políticos han relatado con detalles las torturas de las que fueron víctimas y de cómo pretendían involucrarlos con los crímenes imputados por el gobierno. Pero, los intensos interrogatorios, las propuestas y chantajes no lograron amedrentarlos ni hacerlos perder los ideales por los que se atrevieron a desafiar a Daniel Ortega.
Ortega y Murillo han insistido en imponer (a toda costa) la versión de que las manifestaciones que iniciaron en Nicaragua el 18 de abril fueron parte de un plan, de un “golpe de Estado” para “desestabilizar al gobierno”, que Estados Unidos y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) las financió. Pero los presos políticos, algunos que incluso pasaron más de un año en prisión, lo niegan, ni bajo tortura los hicieron involucrarse en los delitos creados por el gobierno. “Siempre me cerré porque era voluntario para mi ir a las marchas, a mí nadie me exigió”, nos dijo Ariel Rojas, un preso político a quien le arrancaron las uñas y golpearon hasta el cansancio en El Chipote para que “confesara” quien le pagaba por ir a las marchas contra el gobierno.
Algunos de los presos políticos no fueron capturados, fueron secuestrados por grupos de paramilitares, sin órdenes de captura, sin el debido proceso. En las cárceles fueron agredidos, según sus relatos, por “Los Cachorros de Sandino”, los custodios de las cárceles les llamaban “golpistas”, “terroristas” y “vende patria”, calificativos que Rosario Murillo impuso a sus fanáticos para insultar a quienes se oponen al gobierno y se atreven a expresarlo. Esto solo comprueba la descomposición del sistema penitenciario, que pasó de servir al pueblo para convertirse en un brazo represor de Daniel Ortega.
El último grupo de presos políticos fueron liberados en el marco de entrada en vigencia de la Ley de Amnistía creada e impuesta unilateralmente por Daniel Ortega, pero no debió ser así. Con esta medida los presos políticos están siendo “perdonados” por “delitos” que no existían, que no cometieron. Que sean “beneficiados” con la ley de amnistía, es en cierta medida, hacer creer a la población que ellos delinquieron y que el gobierno es “piadoso” por dejarlos en libertad.
En cada liberación o excarcelación, el Ministerio de Gobernación y la Policía publican listados en los que exponen sus nombres, números de cédulas y hasta direcciones, quedando así como blanco de los seguidores de Ortega y Murillo que van por ahí marcando casas, amenazando y recetando PLOMO a quienes se han levantado contra el gobierno. Y si fue el Estado quien los secuestró y los mantuvo apresados por más de un año en medio de condiciones inhumanas y malos tratos ¿a quién acudirán si mañana un fanático del gobierno toma represalias contra los presos políticos?
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