El título de este artículo intenta hacer una paráfrasis de la famosa novela de Robert Louis Stevenson, "el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde" por la impresionante transformación que ha tenido en menos de 15 días el actual superintendente de bancos, don Luis Ángel Montenegro.
El recién electo superintendente de bancos pasó de tener una actitud tímida al punto de la invisibilidad en la Contraloría General de la República (CGR), a ser un funcionario extremadamente celoso, estricto y hasta agresivo en la Superintendencia de Bancos (Siboif) a juzgar por la carta que el miércoles 22 dirigió a los banqueros del país.
Durante doce años, don Luis Ángel Montenegro, como miembro del Consejo de la Contraloría no pudo encontrar razón ni oportunidad para amonestar a ningún alto funcionario del régimen de Daniel Ortega. No se recuerda si quiera una sanción administrativa para ningún alto rango.
Sin embargo, a dos semanas de haber sido electo de manera expedita como superintendente don Luis Ángel se ha estrenado con una dura carta a los banqueros del país en la que les subraya su "obligación" de "prestar ininterrumpidamente los servicios de intermediación financiera" a sus clientes; con el claro objetivo de evitar que se sumaran al paro nacional del 23 de mayo.
Pero además, les "recuerda" que son "concesionarios de una licencia bancaria que ha sido otorgada por el Estado de Nicaragua..." Ante semejante transmutación uno no puede evitar recordar la transformación del gentil Dr. Jekyll en el temible Mr. Hyde.
Pero volviendo a la realidad, uno podría pensar que no hay nada de malo en tener un superintendente de bancos riguroso, estricto, celoso en el cumplimiento de sus funciones; sin embargo, también es posible que la nueva "personalidad" de don Luis Ángel sea tan mala noticia para los nicaragüenses como su antiguo alter ego, el que ─no hay evidencia para dudarlo─ adoptaría de nuevo si por alguna razón regresa a la Contraloría.
El contenido de la carta de don Luis Ángel a los banqueros se conoce porque la Asociación de Bancos Privados la hizo pública para explicar las razones por las que no podrían participar en el paro nacional del 23 de mayo (si usted está de acuerdo o no con que la carta es razón suficiente para no sumarse al paro,es un tema que va más allá del objetivo de este comentario). Conocer el contenido de la carta, sin embargo, nos permite notar algunos detalles que sí vale la pena que sean señalados.
Lo primero es que la carta, o al menos la parte que dan a conocer los banqueros, no es específica en citar un artículo o disposición que diga que los bancos "deben prestar un servicio ininterrumpido". Es cierto que el señor es superintendente de bancos y su función es supervisar los bancos, pero seguro que en los 13 días que tiene en el cargo ya tuvo tiempo de leer la ley de bancos y la de la superintendencia, y por lo tanto, en aras de la claridad y la formalidad debió citar los artículos.
Eso pareciera un detalle menor pero es en realidad importante porque no es casualidad que a renglón seguido don Luis Ángel mencione las licencias para operar. En otras palabras, es fácil interpretar que si los bancos interrumpen el servicio por un día, estarían en peligro de perder sus licencias. Claramente no hay proporcionalidad entre la supuesta falta y el castigo que se deja ver entre líneas.
La Ley General de Bancos (nombre corto), como es de esperar, no menciona el caso que nos ocupa entre las faltas, pero para continuar el argumento de don Luis Ángel podríamos admitir que cuando mucho cabría que tal situación la Superintendencia la considere una falta leve, pero eso, quizás ameritaría una multa, en caso que los bancos no acataran la advertencia. Aunque debo admitir que para llegar a esta conclusión estoy obviando del análisis el hecho que las entidades bancarias tienen también derechos.
Sería interesante preguntarle a abogados si por poner la espada de Damocles de las licencias de operación sobre las cabezas de los banqueros, el otrora tímido contralor y hoy agresivo superintendente de bancos no estaría pasando por encima de la Constitución (la misma que hoy en día la dictadura asegura defender tanto) que en el artículo 130 dice: "ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquéllas atribuidas por la Constitución y las leyes..." O por encima del debido proceso al que tiene derecho toda persona ─aún en los procesos administrativos─ según el artículo 34 de la Constitución.
Tendrán los juristas que dar respuesta a esas interrogantes, pero la percepción que queda con la actitud del superintendente es que la banca y las otras instituciones financieras están en una precaria situación bajo la dictadura.
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