Es su más reciente acto de locura, el dictador Daniel Ortega pidió a sus diputados de la Asamblea Nacional que aprueben una ley que prohibirá a los opositores optar a cargos de elección popular.
Calificaría la iniciativa de ley como muy interesante. Si uno la ve en estricto rigor y en un Estado de derecho, donde las evidencias se llevan a un juzgado, el dictador Ortega sería inhibido de manera automática, no por una, sino por varias de las razones que contempla la ley.
Nada nuevo de parte de un decrépito y oxidado régimen que viéndose rechazado por el pueblo nicaragüense, busca zancudiar las elecciones y desmotivar al electorado. Seguramente, previo importe de metálico, habrán colaboracionistas; y para ello el dictador quiere limpiar la mesa de una competencia verdadera, una competencia no prebendaria y azul y blanco.
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Veamos las causas que provocarán según Ortega, que los verdaderos opositores participen en las elecciones de noviembre de 2021; si es que se realizan. Porque también se le puede ocurrir suspenderlas; o declararse presidente de por vida. Por las causas que enumera la ley para inhibir a los opositores, perfectamente Ortega podría ser sujeto de ella. Porque son actos y hechos que el dictador ha cometido en el pasado y que continúa haciéndolos.
La causa numero uno de inhibición es: ser vendepatria. Con el proyecto canalero y la ley del Canal con Wang Jing, Ortega prácticamente regaló la soberanía nacional. No ha habido en la historia de Nicaragua acto de servilismo similar.
Causa número dos: pedir la entrada de fuerzas extrajeras al país. En esto Ortega se lleva el premio mayor. En los años ochenta dejó entrar militares cubanos, soviéticos, alemanes, búlgaros y de otras nacionalidades para que sostuvieron la lucha contra la Resistencia Nicaragüense. Fue mediante la intervención extranjera del bloque socialista que Ortega se pudo sostener. Así que él quedará en la historia condenado por esta acusación.
Causa número tres: instigar un golpe de estado. El mayor golpe de estado lo ha dado Ortega al eliminar la institucionalidad en Nicaragua. Se ha autoproclamado dictador y por lo tanto ha cometido un golpe de estado contra la democracia y el pueblo nicaragüense.
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Causa número cuatro: alteración del orden constitucional. Con su tramposa reforma a la Constitución Política; realizada en contubernio con los oscuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que le “permitieron” reelegirse, Ortega se convirtió en el principal violador de la Constitución.
Causa número cinco: cometer actos terroristas. El asedio y asesinato de los jóvenes que se encontraban en la Iglesia de la Divina Misericordia, es prueba contundente del uso letal de la fuerza para asesinar. Igual aplica para la Operación Limpieza, que dejó en evidencia el uso de acciones terroristas para aplacar la protesta de los opositores. Ortega también debe responder por los más de 350 asesinatos cometidos por los paramilitares.
Causa número seis: proponer o gestionar bloqueo económico. Ortega es el principal bloqueador de recursos económicos externos. Por él se ha ido la cooperación internacional. La Inversión Extranjera tampoco viene, porque en Nicaragua existe una sistemática violación a los derechos humanos.
También a lo interno, el dictador ha bloqueado miles de negocios, entre pequeños, medianos y grandes. Con multas, cobros excesivos, reparos ilegales, alzas en el precio de los servicios y los impuestos e incluso con órdenes de captura.
"Si hay alguien que ha provocado la tragedia económica que enfrenta Nicaragua, es Ortega. Por él y sus violaciones, Nicaragua podría incluso, perder el trato preferencial que actualmente reciben los productos que le vende a las economías más grandes del mundo. Eso provocaría más pobreza y miseria y Ortega sería el único responsable".
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica
Por todo lo anterior, si Nicaragua tuviera cabida para una ley como la que Daniel Ortega ordenó que aprobaran, al primero que tendría que aplicársele es a él. Por todas las violaciones que ha cometido y el daño que ha provocada, él debería ser el primer inhibido para optar a un cargo público.
Texto original en el blog: https://juansebastian.ch/
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