Managua 13 de Marzo 2019 La delegación del régimen Ortega-Murillo en la segunda fase del Diálogo Nacional. Ya la dictadura había decidido que no iba a negociar nada.
Aunque el término aterrizaje suave (soft-landing) es de larga data, en Nicaragua se puso de moda a mediados del 2018; y todavía es ampliamente usado. Sin embargo, ya no hay aterrizaje suave. Vamos en picada, hacía un aterrizaje forzoso, de consecuencias impredecibles.
Tan es así que el mismo Richard E. Feinberg, ─prestigioso especialista en economía política internacional y exdiplomático estadounidense— que en noviembre de 2018 presentó un detallado escenario sobre el aterrizaje suave, ahora plantea otro escenario.
Según Feinberg, si Ortega demanda “un paracaídas dorado” o de lujo que implique entre otras cosas: no ir a prisión, suavizar las sanciones, levantar prohibiciones de visas y reabrir el financiamiento externo, a cambio de que él y sus allegados colaboren en la búsqueda de una solución postelectoral. La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, tendrá que decidir hasta qué punto están dispuestos a torcer sus principios de rendición de cuentas. Para garantizar una transición fluida del poder y facilitar la gobernanza, gane o no las elecciones la oposición.
Existen diversas interpretaciones sobre qué significa aterrizaje suave. Pero según el esquema de Feinberg, no se trata de cualquier tipo de negociación para que Ortega se mantenga en el poder; o para que continúe un Orteguismo sin Ortega.
En la aviación, un “aterrizaje suave” es el que se da sin complicaciones, sin problemas, sin golpes ni fallas. En economía ese término ─acuñado por Alan Greenspan en 1994─ significó que la Reserva Federal estadounidense incrementara las tasas de intereses para causar una desaceleración; pero no lo suficiente para llegar a una contracción económica.
En el caso de la crisis sociopolítica nicaragüense, escribió Feinberg en Confidencial en diciembre de 2018, el aterrizaje suave significaba alcanzar un acuerdo para que no continuemos con los episodios sangrientos que destruyen la sociedad y la economía, como en los años ochenta. Es, añade Feinberg, que diversos sectores del país acuerden que una lucha prolongada no beneficia a nadie; y que el actual conflicto debe concluir a través del diálogo y la reconciliación.
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La principal premisa era que el régimen Ortega-Murillo aceptara abandonar el poder; y después de elecciones anticipadas a las cuales ellos no se postularían, saldrían temporalmente al exilio o a un lugar seguro. Con garantías de que la familia Ortega Murilllo y sus allegados preservarían sus bienes y no serían procesados a nivel nacional e internacional. Esa posibilidad simplemente no se dio o fue rechazada por Ortega y Murillo en 2018.
Refiriéndose a la misión de Caleb McCarry ─un asistente del Senado experto en transición y asuntos internacionales─, Feinberg dice que Ortega aceptó algunos compromisos; pero después se echó atrás. Carlos Trujillo, exembajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), tampoco logró avanzar; llegando a la conclusión que Rosario Murillo había decidido “permanecer en el poder a cualquier costo”.
Sin un acuerdo para que Ortega saliera del poder; no hubo adelanto de elecciones; no se aprobaron las reformas necesarias para realizar elecciones libres, no se desarticularon los grupos paramilitares, ni se depuró a la Policía. Ni mucho menos se estableció una comisión de la verdad y de la justicia; ni se puede contemplar la posibilidad de una recuperación económica o implementación de un plan de buena gobernanza y reconciliación, como lo había delineado Feinberg.
El escenario del aterrizaje suave dejó de ser factible. No por la falta de realismo de los nicaragüenses. Sino por la decisión de Ortega y Murillo de aferrarse al poder; ganar tiempo para salvaguardar sus bienes mal habidos; administrar la crisis económica y dividir a la oposición.
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Los esfuerzos diplomáticos de la administración Trump, de la OEA, del Vaticano y de la Unión Europea fracasaron; y las conversaciones entre el régimen y la oposición han estado estancadas desde marzo del 2019.
Ortega se ha rehusado a cumplir los acuerdos firmados con la Alianza Cívica; que incluían la liberación de los presos políticos, respetar la libertad de expresión, de movilización y restaurar la democracia, entre otros.
El régimen hizo todo lo contrario. Estableció un estado de excepción de facto y agudizó la represión y el terror. Según informes de organizaciones que defienden los derechos humanos; y de la recién aprobada resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU), continúan:
Sin aterrizaje suave, Feinberg ahora visualiza la necesidad de un acuerdo postelectoral (el paracaídas dorado); para garantizar un modus vivendi al gobierno electo en noviembre del 2021.
Para la mayoría de especialistas nacionales e internacionales, está claro que Ortega no tiene ninguna intención de permitir elecciones libres y transparentes; y que solo aprobará reformas técnicas o cosméticas. Y rechazará aquellas que potencien las condiciones que pongan en peligro su permanencia en el poder.
Aun así, Feinberg considera que si la oposición se une alrededor de un candidato único tiene posibilidades de ganar. Algunos otros especialistas y políticos internacionales, como el exeurodiputado Ramón Jáuregui, comparten esta opinión.
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Sin embargo, cualquier escenario postelectoral que visualicemos, debe pasar por el prisma del proceso electoral que se nos avecina. Hasta el momento, vamos a las elecciones de noviembre 2021 sin las condiciones ni las reformas necesarias para que éstas sean libres, transparentes y observables; y bajo un estado policial de facto, y total impunidad para los sicarios y torturadores del régimen.
La aprobación reciente de leyes que cierran el espacio político e incrementan la represión; confirman la decisión de Ortega y Murillo de no entregar el poder en enero del 2022. Ese es el mensaje que han transmitido a sus bases y a sus partidarios. No van a pedir ningún tipo de paracaídas ─ni dorado ni de saco de bramante─. No lo pedirán antes ni después de las elecciones, porque han llegado a la conclusión de que no lo necesitan.
Según su análisis, están teniendo éxito en mantener a la oposición dividida; y la comunidad internacional no tiene los mecanismos para hacerles variar el rumbo hacia la “cubanización”; ni para detener las violaciones a los derechos humanos.
Feinberg tiene razón al considerar que la oposición puede ganar solo si se concreta la unidad en una alianza electoral. Pero esa no es la única condición necesaria para ganar o para que se resuelva participar o no en el proceso electoral. Deben llevarse a cabo elecciones libres, transparentes y observables, para lo cual se requiere el apoyo decidido de la comunidad internacional.
Si eso no se logra, entonces el pueblo azul y blanco debe reservarse el derecho de analizar y decidir cuales son esas condiciones mínimas que le permitirían participar en el proceso electoral. Y eso solo puede contemplarse desde la unidad de la oposición.
Si la oposición participa en el proceso electoral dividida en dos o tres grupos; y como se espera Ortega gana las elecciones, Nicaragua no va a salir de la situación trágica en la cual ya se encuentra. Tampoco habrá transición democrática y “los costos del fracaso serían prohibitivamente elevados”, como escribió Feinberg en relación con el ya obsoleto aterrizaje suave.
Ni la oposición derrotada y dividida, ni la comunidad internacional, tendrían la influencia necesaria para negociar una salida. Principalmente porque una oposición dividida, sin la representatividad otorgada por el pueblo, no tendrá fortaleza para negociar nada.
El participar en un fraude o en un proceso amañado no garantiza a la oposición “ocupar parcelas de poder para negociar la transición democrática”. Cualquier cantidad de escaños que gane la oposición es irrelevante; Ortega le puede arrebatar esos escaños como lo hizo en 2016.
Y aunque se alcance un acuerdo, Ortega desde el poder ya ha dejado bien claro que no respeta ningún acuerdo firmado con sus opositores. No lo hizo con la contra en 1989 (200 líderes campesinos desmovilizados, comandos de la contra, ya habían sido asesinados para 1992); ni con la Alianza Cívica el 29 de marzo del 2019.
Solo con Ortega y Murillo fuera del poder, solo con un triunfo electoral, el pueblo azul y blanco ─o 18 de abril─ podrá cumplir sus anhelos de justicia y democracia. Para lograrlo, son necesarias elecciones libres, transparentes y observables y que se garanticen las condiciones y reformas mínimas que prevengan un fraude. Solo así se podrían negociar las condiciones para un acuerdo; que no debe contemplar la impunidad y que nos debe llevar a un sistema más justo y democrático.
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