Ocultar las cifras de la pandemia es un genocidio contra los nicaragüenses

No supieron dónde contrajeron el coronavirus. Probablemente en el negocio y por la misma ocupación no se preocuparon por vacunarse. Eran una pareja joven de jóvenes, 35 y 30 años. Un matrimonio con dos hijos pequeños y muchos sueños y esperanzas. Ambos terminaron ingresados en el hospital El Salvador, él falleció, ella sobrevivió a la pandemia.

Es interesante, pero historias como la de esta joven familia, me hacen analizar que en un año más de cuatro millones de familias —a lo largo y ancho de nuestro planeta—  han sido duramente golpeadas por este virus. Los números fríos no comparten la historia de sufrimiento por la que el mundo ha pasado y todavía nos quedan quién sabe cuántas familias más.

Pero viviendo en El Salvador o Nicaragua, probablemente su muerte no cuente como consecuencia de la pandemia. Seguramente su diagnóstico de muerte será, “sospechoso de COVID-19” y no será incluido entre los siete o nueve fallecimientos diarios que reporta el Ministerio de Salud de El Salvador (Minsal); tampoco será reportada como la única muerte semanal, que desde hace meses, reporta el Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa).

Tanto en Nicaragua como en El Salvador, el subregistro es abismal. ¿Por qué? No tengo respuesta. Pero como médico y epidemiólogo, este es un hecho que supera mi comprensión; porque el “sistema” sabe y comprende todo el daño que se le hace a la salud pública de nuestros países. Esconder evidencia sanitaria durante una emergencia epidémica, es un crimen contra la humanidad.

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Sistemas de vigilancia y notificación están subestimados

Los sistemas de vigilancia y notificación eficientes y fiables, son vitales para el seguimiento de la salud pública y los brotes de enfermedades. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de vigilancia y notificación están afectados por un grado de subestimación. Por tanto, la incertidumbre rodea la "verdadera" incidencia de la enfermedad, que afecta a las tasas de morbilidad y mortalidad.

También, esta información suele constituir la columna vertebral de los procesos de toma de decisiones basados en la evidencia. Así como de las políticas de salud pública en materia de enfermedades infecciosas, que se ocupan de la priorización y la planificación de las medidas de intervención y los servicios sanitarios.

Un estudio reciente encontró que el 73 por ciento de las muertes ocurrida en el hospital El Salvador desde que fue inaugurado el 21 de junio de 2020 hasta el 30 de marzo pasado, fueron atribuidas a “sospecha de COVID-19”. El 54 por ciento de estas muertes corresponde a personas que tenían entre 60 y 79 años. Si el rango de edad se amplía aún más, el 71 por ciento de las muertes ocurridas en dicho hospital, corresponde a personas que tenían entre 60 y 89 años.

Si se revisan los datos del resto de centros donde hubo muertes por COVID-19, por sospecha de COVID o relacionadas, se identifica el mismo patrón en 41 hospitales, unidades de salud y clínicas comunitarias donde hubo muertes por esas causas. Oficialmente, las muertes por "sospecha" superan a las oficialmente reconocidas como muertes por COVID-19.

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Al ocultar las cifras de la pandemia, en Nicaragua se comete genocidio

"Nicaragua por otro lado, es el país de Latinoamérica con menor número de muertes. Un país con la cobertura de vacunación más baja en el continente americano y de las más bajas del mundo, se da el lujo de reportar solamente 199 muertes desde el comienzo de la pandemia".

Alfonso Rosales, médico epidemiólogo

Desde el comienzo de la pandemia Nicaragua solamente realiza un reporte de casos semanal y siempre pero siempre, reporta solamente una muerte.

No entiendo como las organizaciones internacionales con mandato de salvaguardar la salud de los ciudadanos del mundo, no han puesto el grito en el cielo, ante este brutal genocidio de un pueblo. Porque no se le puede llamar de otra manera.

Cuando un gobierno intencionadamente oculta y miente sobre la transmisión de una enfermedad infecciosa durante una epidemia, no digamos una pandemia, este gobierno está claramente cometiendo un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional.

El Salvador pudiese aducir incompetencia de su sistema de vigilancia, Nicaragua no, pues sus cifras son claramente una mentira, burda y llana. Espero, que cuando la tempestad se haya calmado, organizaciones internacionales de derechos humanos y salud, realicen una evaluación exhaustiva de los sistemas de vigilancia de estos dos países y así abrir espacios para demandas judiciales contra aquellos que intencionadamente escondieron información valiosa para el ciudadano.

*El autor es médico epidemiólogo, salvadoreño radicado en Estados Unidos