¿Quién protege los derechos de la niñez con familiares presos por razones políticas?»
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Acción Penal
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El encarcelamiento injusto de los presos políticos no solo viola sus derechos, también el de sus hijos y nietos a los que se les niega su derecho a visitarlos
Llegó la Navidad de 2021 y en Nicaragua hay 160 presos políticos. En estos días hemos visto en las redes sociales a varias hijas de presos políticos, entre ellas las de Miguel Mendoza y Tamara Dávila; también a nietos de otros, como los de Francisco Aguirre Sacasa y Alejandro Díaz. Todos expresan su sentir y su dolor desde su perspectiva de la infancia; y el anhelo de compartir con sus seres queridos las fiestas de la Natividad de Jesús. Pero contrario a lo que anhelan, no tienen ni siquiera la posibilidad de visitar a sus familiares.
En un sistema donde existe de forma nominal una Procuraduría para la Defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia; y hay además, una serie de leyes bastante garantistas para la niñez, como el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención de Derechos del Niño, no existe ninguna instancia donde recurrir. Ni ninguna a la que se pueda acceder con la perspectiva de tutelar los derechos de la niñez; en este caso el derecho de visitar a sus familiares. Por el contrario solo existe omisión y violación a los derechos de la niñez por parte del Estado.
En Nicaragua, el Estado a través del Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos —que ha sido sancionada por la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos— presume su gestión. Desde el sitio web oficial del Poder Judicial se hace propaganda. Y lo hace, con el apoyo que tienen actualmente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por su sigla en inglés).
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¿Quién garantiza el respeto a los derechos de la niñez?
La Unicef, que tiene como objetivo principal, "garantizar que se cumplan todos los derechos de la infancia" que se encuentran en la Convención de derechos del niño, apoya al Poder Judicial. Y juntos continúan elaborando planes estratégicos en pro de los derechos de la niñez, pero se desconocen sus beneficiarios y su efectividad.
Unicef a través de su representante Antero Almeira de Pina, más allá de un apoyo humanitario, que se podría justificar por ser Nicaragua uno de los países más pobres de América Latina, al parecer confía en la presidenta de la CSJ. La siguen apoyando a pesar de que fue sancionada, por ser responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Violaciones que han socavado el Estado de derecho en Nicaragua.
Según la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) en el contexto de la crisis de abril del 2018, el Poder Judicial ha procesado a 18 adolescentes en los juzgados de distrito penal especializado de adolescentes. En esos procesos se han irrespetado las garantías fundamentales de los adolescentes; además existen 25 personas, entre niños y adolescentes fallecidos en el contexto de crisis sociopolítica; y hasta ahora el Estado no los ha presentado como víctimas.
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¿Qué hace Unicef?
Contrario a ello, Almeira de Pina, al parecer confía en que Unicef siga formando a los funcionarios judiciales. Todo indica que planea seguir capacitando, haciendo diagnósticos y promoviendo programas para “proteger y tutelar” los derechos de la niñez. Mientras en la realidad los niños, niñas y adolescentes continúan siendo víctimas de la represión estatal.
En el caso de los familiares de presos políticos, en esta Navidad y fiestas de Fin de Año, solo sentirán el anhelo en sus corazones de estar junto a sus familiares injustamente procesados. Mientras tanto, el poder judicial, dirigido por la sancionada Alba Luz Ramos seguirá violando sus derechos.
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