También tenemos que recobrar el derecho de propiedad

Hace dos semanas mientras tomaba un café con un amigo, dos agentes de la Policía orteguista irrumpieron en el local y se pusieron al lado de la mesa a filmar y documentar con quien estaba conversando.  Pude ver que muy cerca de nosotros, estaban unos cheles con cara de haber venido hace poco al país y se fueron inmediatamente del local.  Noté en sus caras un sentimiento de asombro y curiosidad al mismo tiempo.

Unos días después, me encontré a un buen amigo, un empresario turístico, que se reunió con esos mismos norteamericanos del episodio en el Café.  Los norteamericanos, empresarios fuertes, decidieron no comprar una propiedad en las costas del Pacifico nicaragüense por lo que vieron ese día y por la fragilidad del sistema de justicia en Nicaragua, en especial en lo referente a los derechos de propiedad.

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La imagen país que se llevaron los inversionistas en esos minutos de hostigamiento policial le costó a Nicaragua quién sabe cuánto en inversión extranjera, quién sabe cuántos puestos de trabajo y quién sabe cuántos dólares en generación de riquezas.  Nunca lo sabremos.

Este episodio es solo un ejemplo del efecto negativo que tiene la represión para la economía nacional.

Por el orden de importancia es correcto que prioricemos nuestra atención en los asesinatos, los presos políticos; y las violaciones a los derechos constitucionales y las libertades públicas; pero no debemos olvidar que la dictadura también viola otro derecho fundamental: el derecho a la propiedad privada.

"La dictadura de Ortega ha violado los derechos de propiedad de manera sistemática como nadie más lo ha hecho en la historia de Nicaragua.  Durante su primer período de gobierno en los años ochenta, confiscó propiedades a diestra y siniestra.  Esas expropiaciones generaron una deuda tan grande, que todavía seguimos pagando en forma de bonos de indemnización. De no haber tenido que pagarse esa deuda, esos fondos se habrían podido utilizar para construir escuelas y hospitales".

Juan Sebastián Chamorro, exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica

En esta segunda etapa, Ortega provocó la invasión de tierras y la confiscación de propiedades costeras.  Y en los últimos tres años, ha sido más agresivo al promover la invasión de propiedades de opositores; y ocupar edificios de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. 

En lo personal me ha tocado a mí y a mi familia ver la amenaza de confiscación de siete propiedades, por un absurdo caso de hostigamiento fiscal por parte de la Alcaldía de Managua.

El impacto de estas acciones en el ambiente de negocios de Nicaragua es enorme.  Nos pone frente a los inversionistas como un país donde cualquier inversión puede ser confiscada. Pues solo se necesita mandar a la fuerza policial a tomar el inmueble.

Al menos la mitad de las propiedades tiene problemas de regularización

Además del abuso a los derechos de propiedad por parte de Ortega, en Nicaragua también existe un grave problema en lo referido a la regularización de las propiedades.  Tan grave es, que sin exagerar podemos decir que al menos la mitad de las propiedades tienen algún tipo de problema de regularización.

Tener un problema no significa conflicto; pensemos en a la casa donde vive alguien que la heredó de sus padres, pero no la ha traspasado a su nombre, por tanto, esa propiedad no está regularizada.  O una pulpería ubicada en un barrio que nunca ha sido cubierto por el registro de la propiedad.

Cuando una propiedad no tiene título o escritura, es como que no existiera; igual que un ciudadano sin cédula.  Una propiedad sin papeles, por ejemplo, no puede utilizarse como garantía para obtener un préstamo.  Si pudiéramos titular todas las propiedades de Nicaragua, estaríamos reconociendo la existencia y el valor económico de miles de propiedades y con ello, de miles de millones de dólares en riqueza, que está ahí sin registrarse; y que, por estar en una situación irregular no tienen valor comercial.

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¿Cuál es la ruta para que miles de pequeños y medianos negocios puedan regularizarse?  Como podemos legalizar esas propiedades: el taller de motos, la vulcanizadora, la pulpería, la finca ganadera o la casa de habitación y que puedan tener valor comercial.

Programa Masivo de Titulación y Registro

Propongo un Programa Masivo de Titulación y Registro de Propiedades en todo el país; lo que se conoce como un “Barrido Catastral”. Para que cada casa, negocio, lote, finca, centro productivo y todas las demás, tengan sus papeles en regla, que estén debidamente registradas y catastradas. 

Está demostrado que estos programas funcionan por dos vías:

• La titulación de las propiedades facilita el acceso al crédito y
• El dueño al sentirse seguro de su domino y posesión, invierte más en la propiedad. Le hace mejoras o la amplía, porque siente la seguridad de que es suya y que nadie se la puede confiscar.

Con la Cuenta del Milenio se hizo un barrido catastral que sirvió de referencia para todo el país. Durante su ejecución se regularizaron más de 40 mil propiedades, la mayoría de familias pobres; ya que por los altos costos que tienen estos trámites, a estas personas se les dificulta realizarlos.

Legalizar las propiedades de las familias les trae beneficios, por muy modestas que sean sus propiedades o que sean la única posesión, tienen un valor. Valor que actualmente no existe, por la inseguridad jurídica que ha fomentado la dictadura.

Pero en la nueva Nicaragua, las familias también deben recuperar el derecho a tener sus bienes y poder legalizarlos.  Sin temor de que alguien pueda arrebatárselas y que más bien tengan la seguridad de que esas propiedades serán su legado para las próximas generaciones.

Texto original en el blog: https://juansebastian.ch/