Hoy se cumplen 10 días desde que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución sobre Nicaragua en la que, entre otras cosas, mandó conformar una comisión de alto nivel para que en 75 días rinda un informe sobre la situación del país.
Originalmente el borrador de esa resolución daba 90 días a la comisión para que entregara el informe que de hecho activaría ─finalmente─ la aplicación de la Carta Democrática contra el régimen de Daniel Ortega.
Organizaciones como la Alianza Cívica y activistas opositores nicaragüenses lograron viajar a Medellín, donde se celebró la Asamblea General y con su cabildeo redujeron el plazo 15 días. Pero esa ganancia está a punto de borrarla la burocracia diplomática de la OEA pues si esa comisión comenzara a trabajar hoy ─algo improbable porque ni siquiera existe─ entregaría el informe 85 días después de haber sido creada.
La resolución dice en su punto número cinco "Instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana realice gestiones al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días".
En situaciones como las que vive Nicaragua la lentitud de la diplomacia es frustrante. Sobre todo si consideramos que la OEA viene "apreciando" la crisis desde julio de 2018; ha conformado un "grupo de trabajo" desde agosto de ese año, y tuvo otra reunión en mayo de este año.
Ya lleva ese organismo un año de conocer sobre la crisis, además de los informes que tiene de sus propias entidades como la CIDH, el Mecanismo de Seguimiento que creó para Nicaragua (Meseni) y el GIEI, para ahora venir a nombrar una nueva comisión. ¿Qué más necesitan saber?
Como es lógico pensar, el plazo para la comisión de alto nivel empieza a correr a partir del primer día de trabajo de la comisión. En otras palabras, fácilmente y con suerte esa comisión de alto nivel tendrá algo que decir ya bien entrado el mes de octubre.
Eso lo sabe el gobierno y usará el nuevo plazo hasta el último segundo, tal como lo hizo con la excarcelación de la mayoría de los presos políticos. De hecho, entonces, se puede esperar que el régimen arrastrará los pies y se tomará su tiempo para implementar todas las otras decisiones de la Asamblea General, que son:
Todo esto mientras en el país siguen suspendidos los derechos constitucionales y la ciudadanía no puede marchar, ni manifestarse y los medios de comunicación continúan diezmados con diferentes medidas.
Pero esa frustrante lentitud no puede hacer que los nicaragüenses pierdan de vista el objetivo primordial que es salir de la dictadura de una manera pacífica y democrática.
El dicho reza "esperar lo mejor y prepararse para lo peor" pero en este caso, para lo que en realidad hay que prepararse es para las elecciones, que es el mejor escenario. Y hay que comenzar ya.
Aunque no se puede descartar que el régimen decida destruir el país como lo han hecho en sus respectivos países sus más cercanos aliados, los chavistas y los castristas, la verdad es que esa opción sería la menos inteligente para la familia Ortega Murillo.
Ante ese escenario, la lentitud de la OEA no deja de tener su ventaja aunque sea difícil de ver. En nuestra cuenta de Twitter @4to_Mono, entre el jueves 4 y el viernes 5 de julio, realizamos una encuesta en la que preguntamos ¿en cuánto tiempo cree que se deben realizar las elecciones? El 72 por ciento de los 1,511 usuarios que respondieron dijo que en nueve meses. O sea, en abril del 2020.
Si bien la respuesta de esa abrumadora mayoría refleja la urgencia que tiene la ciudadanía de salir de un régimen que cometió crímenes de lesa humanidad contra su población y que la tiene sumida en una profunda recesión económica, la verdad es que elecciones en abril 2020 ni se puede ni se debe.
No se puede porque aún pensando que es posible obligar al régimen a llamar a elecciones para abril, ya hemos dejado establecido que eso no pasará antes de octubre o noviembre. Esto dejaría solo seis meses para elegir nuevas autoridades en el Consejo Electoral; reformar la ley y todo el sistema; hacer cambios en puestos clave, y preparar y realizar la elección. Simplemente no hay tiempo.
Pero tampoco se debe hacer aún cuando existiera mágicamente la oportunidad porque no se ha trabajado en estructurar una opción política con una propuesta nueva, fresca, clara y unificada en la visión de país que se quiere. Noten que hablo de una propuesta unificada, no de la cacareada "unidad de la oposición" que llevaría a pensar en que que la unidad incluye a los partidos zancudos. Esos pueden ir en alianza pero con el orteguismo.
Si no se puede para abril, ¿cuándo es una fecha prudente? Noviembre de 2020 sería prudente, aunque tampoco debe ser un plazo fatal. Lo que no se puede es seguir esperando hasta que el régimen acepte reformar el Consejo Electoral, o que acepte ponerle fecha al adelanto de las elecciones, o permita que la gente marche para luego pensar en la opción electoral.
Hay que perderle el miedo a trabajar en una verdadera opción electoral, hay que empezar a visualizar cómo va a ser ese país que queremos construir en el futuro.
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